SISTEMA DEMOCRATICO Y ANTIDEMOCRATICO

Desde principios del siglo XIX, Alexis de Toqueville en La democracia en América ya aplaudía la democracia estadounidense no porque había adoptado la democracia como sistema político sino porque a partir de sus raíces sociales había construido un sistema político estable que se reflejaba en la vida cotidiana, en las relaciones de unos con otros y en un sistema de representación que efectivamente representaba a sus ciudadanos. En Latinoamérica, el sistema político no se fundó desde sus raíces sociales, no se construyó un sistema ad hoc a partir de nuestras distintas culturas o a partir de las lógicas de nuestras relaciones sociales. No me aventuro a decir que copiamos y replicamos un sistema que no embonaba con nuestra realidad, sino que hicimos las cosas al revés: adaptamos un sistema político a un sistema social tan heterogéneo que el proceso de asimilación aún nos termina.

Debo aclarar que no deseo que se contemple al sistema estadounidense como un ideal, sino sólo como una referencia puntual. Su sistema democrático desde los tiempos de Toqueville tuvo matices con respecto a la esclavitud y ciertos derechos civiles como la no universalidad del sufragio. A pesar de ello, el punto que deseo resaltar en este artículo es que los países latinoamericanos quisieron construir un sistema democrático social a partir de la implantación de un sistema político y no desde su propia lógica societal. Así, el ideal democrático se postró como sistema político y no como un estilo de vida que compartiera valores como la igualdad, libertad, tolerancia, justicia, participación en asuntos públicos, no discriminación o el respeto a la ley, sino, en ocasiones, todo lo contrario. De esta manera, a la fecha se han estabilizado sistemas democráticos con ciudadanos antidemocráticos.

¿A qué me refiero? Nuestras sociedades están marcadas por un sello de desigualdad con una raíz profunda y de antaño difícil de eliminar, ya sea social, racial o económica. Las libertades individuales son vulneradas cotidianamente al no permitir el ejercicio de los derechos civiles, sociales o políticos. La intolerancia ha sido internalizada en la cotidianidad ante valores o intereses ajenos a los propios. La justicia social no ha podido ser asegurada con una base mínima que responda las necesidades de nuestras sociedades diversas. La participación en asuntos públicos se ha convertido en asunto de unos cuantos y las puertas de acceso están en muchas ocasiones cerradas y pocas apenas entreabiertas. La discriminación se convirtió en una regla tácita en contra de personas con preferencias sexuales distintas, creencias religiosas diferentes, por condición económica o por raza. Finalmente, el respeto a la ley ha sido más un ideal no alcanzado que una realidad fehaciente.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó en 2004 su estudio Democracia en América Latina en el que presenta algunas encuestas con datos reveladores sobre las percepciones ciudadanas hacia la democracia. Por ejemplo, la encuesta arrojó que 55% de los encuestados estaría dispuesto a apoyar un gobierno autoritario a cambio de resolver problemas económicos. Asimismo, el 56% opinó que es más importante el desarrollo económico que la democracia. El mismo estudio demuestra que desde el nivel de educación secundaria la mayoría de los estudiantes demuestran poca confianza hacia las instituciones, baja participación, desconexión con valores democráticos y desconocimiento de procedimientos y exigencias democráticas.

En México, la Secretaría de Gobernación realizó la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) con el fin de conocer los valores, actitudes y percepciones de los ciudadanos del sistema político mexicano. El estudio resultó aún más ilustrativo, pues reflejó los valores de los mexicanos en su relación con los demás y de éstos con el gobierno. Por ejemplo, uno de los supuestos básicos de la democracia es aceptar que vivimos en sociedades plurales con valores e interés diversos e incluso opuestos, y que luchamos y debemos respetar las libertades individuales. Así, en cuanto a percepciones relacionadas con tolerancia y no discriminación, la ENCUP ha arrojado que el 76% afirma que los mexicanos discriminamos por clase social, el 73% por preferencias sexuales, el 54% por preferencias políticas y el 58% por preferencias religiosas. Relacionado con la participación, sólo el 13.6% de la población ha firmado o ha participado en juntar firmas vecinales para resolver problemas públicos, 12.3% ha participado directamente para resolver problemas de su comunidad y únicamente el 9.8% ha participado en procesos de toma de decisiones de su comunidad. En cuanto a qué tanto conocen el sistema político, la encuesta arrojó que el 52% de la población no sabe cuáles son los poderes de la Unión; y otro dato más grave aún es que el 67% de los mexicanos cree que violamos las reglas porque nadie nos castiga.

Este último dato refleja la percepción de un sistema político y legal que funciona por medio de incentivos negativos como la sanción, donde si no existen los mecanismos eficaces que aseguren el apego a la ley, la probabilidad de violar las reglas son bastante altas. Entonces, una cuestión tan sencilla como el respeto al prójimo se quebranta cuando nadie castiga al agresor. Es cierto que sin un Estado que aseguré el respeto a la ley -así como ciudadanos que la pasan por alto porque les reporta mayores beneficios que apegarse a ella-, el sistema democrático comienza a perder todo sentido, pues las relaciones entre ciudadanos y entre éstos y el gobierno se basan en la desconfianza con una baja expectativa de reciprocidad.

La Directora Regional para América Latina y el Caribe, Rebeca Grynspan, apuntaba en 2008 que “referirse a una ciudadanía que incorpore los derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales pone en la discusión central el tipo de Estado que está detrás de esta ciudadanía y el tipo de instituciones que se requieren para expandir, consagrar y garantizar esos derechos.” Esta aseveración alude al argumento inicial sobre la necesidad de una sociedad civil democrática que construya un sistema democrático y no viceversa.

Finalmente es necesario preguntarse cómo avanzar en la construcción institucional que requiere una democracia de ciudadanía; cómo transitar a sistemas democráticos con ciudadanos democráticos; o simplemente cómo llegar a aquel sistema deseado en el que logremos adaptarnos a un sistema democrático que permee en la sociedad como un estilo de vida y no sólo como un sistema político.